España ha hecho buena parte de los deberes en generación renovable. La eólica y la fotovoltaica han elevado su peso hasta representar casi el 55% de la electricidad producida en el país. Pero disponer de energía limpia y competitiva no basta. El siguiente paso, y también uno de los grandes desafíos pendientes, es conseguir que esa electricidad llegue a la industria, sustituya a los combustibles fósiles y reduzca la factura energética que España paga al exterior. En el marco de la quinta edición de Metafuturo, Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, pone el foco en tres exigencias: "Concreción, aceleración de la regulación y menos cambios sorpresivos".
El directivo considera que la transición energética ha entrado en una nueva fase. Después de años de inversión en generación renovable, el reto ya no consiste únicamente en producir electricidad, sino en convertirla en un factor de competitividad para las empresas. "Una de las grandes tareas donde vamos con muchísimo retraso es cómo convertimos esa electricidad que tenemos disponible en un incentivo a la industria", apunta.
La oportunidad es evidente. España cuenta con recursos naturales y con unos precios medios de la energía que, gracias al despliegue renovable, se sitúan por debajo de los de otros países europeos. Sin embargo, para que esa ventaja se traduzca en nuevas fábricas, ampliaciones industriales y procesos productivos electrificados, las empresas necesitan algo más que energía barata: necesitan certezas para invertir a largo plazo.
"Necesita estabilidad regulatoria, necesita reglas claras, necesita estabilidad fiscal", resume Ruiz-Tagle. A su juicio, el marco actual todavía no envía las señales adecuadas. El directivo pone como ejemplo que determinados consumidores de gas pueden recibir ayudas cuando suben los precios, mientras que la electricidad no cuenta con el mismo tratamiento. Una diferencia que, en su opinión, puede desincentivar precisamente el cambio que se pretende impulsar.
"Los incentivos tienen que ser hacia donde quiero migrar, no de donde quiero huir", defiende. Es decir, si el objetivo es reducir el consumo de combustibles fósiles, las ayudas deben favorecer a la electricidad, que es la energía llamada a sustituirlos. "El que contamina paga, pues al que descontamina hay que premiarlo", sostiene.
Pero la electrificación no depende solo de la regulación. Las redes se han convertido en uno de los principales cuellos de botella para aprovechar la capacidad renovable y atender la demanda de empresas e industrias. Ruiz-Tagle reclama acelerar su desarrollo y resolver los retrasos acumulados en la planificación del transporte eléctrico, que arrastra dos años de demora y en la que, según explica, cerca del 40% de las actuaciones previstas procede de proyectos anteriores.
Iberdrola, asegura, ya prepara un mayor esfuerzo inversor. La compañía ha anunciado un incremento de 6.000 millones de euros en su plan de redes hasta 2030, a partir de 2027. El próximo año prevé invertir 1.200 millones, casi un 50% más que en la actualidad. Además, se ha reunido con 300 fabricantes y proveedores para preparar la ejecución de ese despliegue.
"Quien invierte en redes invierte tres veces", afirma el directivo. Lo hace en la industria eléctrica, en la electrificación de los procesos industriales y en soberanía energética. Cada megavatio que se consume sin recurrir a combustibles fósiles importados reduce la dependencia exterior y evita que parte de la riqueza salga de España para pagar petróleo y gas a otros países.
Ruiz-Tagle cifra entre 40.000 y 60.000 millones de euros el gasto anual de España en energía importada en un año normal. Un dinero que, en su opinión, podría permanecer en la economía si el país aprovecha su potencial renovable para electrificar más actividades. "Si nosotros nos podemos electrificar aprovechando estas ventajas de las energías renovables, estamos invirtiendo tres veces", insiste.
A las redes y a los incentivos se suma un tercer obstáculo: la lentitud administrativa. El responsable de Iberdrola España advierte de que no basta con habilitar recursos para construir subestaciones o nuevas líneas si después los permisos se eternizan. "No tiene sentido que me demore ocho o diez meses en construir una línea y diez años en obtener los permisos", critica. No reclama, matiza, reglas más laxas, sino agilidad y capacidad de ejecución.
La urgencia también tiene una dimensión industrial. Ruiz-Tagle advierte de que las inversiones no esperan indefinidamente y pone como ejemplo los centros de datos, un sector que contempla desembolsos de hasta 60.000 millones de euros en España. Si el marco regulatorio no resulta atractivo, ese capital puede acabar en Portugal, Francia o Marruecos. "Vamos a dejar pasar 60.000 millones de euros", alerta.
Por eso, su petición al Gobierno se resume en tres conceptos: estabilidad, rapidez y previsibilidad. "Lo que yo pido: concreción, aceleración de la regulación, menos cambios sorpresivos", recalca. Para el directivo, la electrificación ha dejado de ser únicamente una cuestión energética para convertirse en una decisión económica e industrial. "Una política energética se convierte en una política industrial y se convierte en una política nacional".
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