La ministra Ana Redondo ha reconocido que el sistema no es infalible y ha avanzado que se trabaja con Interior para perfeccionar los mecanismos de seguridad. Expertas y magistradas coinciden en que la escalada de violencia obliga a analizar caso a caso para detectar dónde están fallando las costuras de las instituciones.
No basta con animar a las mujeres a denunciar; el Estado debe garantizar que, una vez que lo hacen, el riesgo se evalúe con total precisión. Actualmente, se cuestiona si el algoritmo informático que mide el peligro tiene en cuenta factores humanos y si se está aplicando una verdadera perspectiva de género en cada proceso.
Las grietas en la valoración del riesgo
El sistema actual se basa en una serie de cuestionarios que analizan desde la existencia de amenazas previas hasta la posesión de armas por parte del agresor. Sin embargo, voces expertas lamentan que el modelo dependa en exceso de un programa informático que puede resultar rígido. Uno de los fallos detectados es la infravaloración de la violencia psicológica, la cual es extremadamente compleja de acreditar en una primera denuncia o en el marco de un juicio rápido.
Además, se ha detectado que factores como el establecimiento de un régimen de visitas para los hijos menores pueden aumentar el peligro de forma drástica, algo que no siempre se refleja en la reevaluación del riesgo. La falta de transparencia en los algoritmos utilizados dificulta que las expertas puedan ajustar el sistema a la realidad cambiante de cada víctima, dejando a muchas de ellas en una situación de desprotección ante sus maltratadores.
La presión en los juzgados especializados
Otro obstáculo fundamental es la saturación de los juzgados de guardia. En muchas ocasiones, la carga de trabajo obliga a priorizar los juicios rápidos por delitos menores, como una amenaza puntual, ignorando el historial de malos tratos habituales que ha sufrido la mujer durante años. Esta búsqueda de una condena ágil puede derivar en una sentencia que no refleja la gravedad real de la situación, permitiendo que el agresor mantenga una sensación de impunidad.
A esto se suma la denuncia de que algunas comisarías no admiten todas las pruebas en el momento inicial de la denuncia, lo que genera un vacío legal cuando el caso llega a manos del juez. La especialización obligatoria y el aumento de medios humanos son reclamaciones constantes para evitar que el factor humano sea el que falle en una cadena de protección que debería ser segura para todas las mujeres.
Impunidad ante el quebrantamiento de condena
La propuesta de ampliar la distancia de las órdenes de alejamiento es un paso positivo, pero las abogadas especialistas advierten de que lo prioritario es castigar con firmeza el quebrantamiento de estas medidas. Para muchos agresores, saltarse la orden de alejamiento es una forma más de hostigamiento y control sobre la víctima. Si no perciben consecuencias inmediatas y severas, estas prácticas de acoso continúan, aumentando el riesgo de un desenlace fatal.
A pesar de las carencias señaladas, las instituciones insisten en que el sistema salva miles de vidas cada año y que la denuncia sigue siendo la puerta de salida necesaria. El compromiso actual es dotar a la justicia de una mayor formación y sensibilidad para que ninguna mujer se sienta cuestionada al pedir ayuda. Mejorar la credibilidad de las víctimas y la respuesta judicial es el único camino para frenar una violencia que sigue golpeando con fuerza el corazón de la sociedad.
