Entre enero y marzo de 2026, las Secciones de Violencia sobre la Mujer registraron un total de 3.451 denuncias por violencia sexual contra mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja, lo que equivale a 38 denuncias diarias, una cada 37 minutos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de la primera estadística que abarca un trimestre natural completo desde que estos órganos asumieron, en octubre de 2025, la instrucción de los procedimientos por delitos sexuales cometidos fuera de la relación de pareja.

Las 3.451 denuncias incluyen delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, delitos de acoso con connotación sexual y delitos de trata con fines de explotación sexual, y dieron lugar a la instrucción de 3.852 delitos, ya que una misma denuncia puede incluir más de uno. De las víctimas, 2.090 son españolas (60,6%) y 1.361 tienen otra nacionalidad (39,4%). La inmensa mayoría de los agresores son hombres: según el Ministerio del Interior, representaron el 93,1% de las personas detenidas o investigadas por delitos sexuales en 2024, y el INE eleva ese porcentaje al 97,6% entre las personas adultas condenadas por estos delitos en 2025.

Del total de delitos registrados, 3.454 (89,7%) fueron delitos contra la libertad e indemnidad sexual, 326 (8,5%) correspondieron a acoso con connotación sexual y 72 (1,9%) a trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Madrid fue la comunidad con más denuncias (803), seguida de Cataluña (564), Andalucía (459) y la Comunitat Valenciana (433).

Solo una minoría de las víctimas denuncia

Los datos judiciales reflejan únicamente la violencia sexual que llega a conocimiento del sistema, un porcentaje que, según las especialistas, es muy inferior al que realmente se produce. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2024, el 14,5% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja alguna vez en su vida, unos 3,08 millones de mujeres. De ellas, el 3,1% (665.800) ha sufrido alguna violación fuera de la pareja, un 3,2% (680.942) ha padecido un intento de violación y un 12,7% (2.693.342) otras formas de violencia sexual. Solo en los doce meses anteriores a la encuesta, unas 416.000 mujeres declararon haber sufrido algún tipo de violencia sexual fuera de la pareja.

Sin embargo, únicamente el 9,9% de quienes habían sufrido una violación, el 8,4% de las víctimas de un intento de violación y el 4% de quienes padecieron otras formas de violencia sexual llegaron a denunciar los hechos. El aumento de las denuncias registradas en las estadísticas oficiales puede responder tanto a una mayor incidencia como a una menor tolerancia social, una mejor identificación de estas conductas como violencia sexual o una mayor disposición de las víctimas a acudir a las instituciones.

Vergüenza, miedo y temor a no ser creídas

Según la Macroencuesta, entre las víctimas de violación que no denunciaron, los motivos más frecuentes fueron ser menores de edad cuando ocurrieron los hechos (37,9%), la vergüenza (37,6%), considerar que lo sucedido no había sido suficientemente grave (32,7%), el temor a no ser creídas (21,4%), el miedo al agresor (20,6%) y pensar que ellas mismas tenían la culpa (19,3%). A estos motivos se suman otros factores, como la relación personal o familiar con el agresor, las presiones del entorno, la dependencia económica o residencial y el miedo a tener que relatar los hechos repetidamente durante el procedimiento judicial.

En la misma línea, durante el primer trimestre de 2026, 227 víctimas de violencia sexual —el 6,6% de las denuncias registradas— se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar como testigo. Especialistas en violencia sexual explican que muchas víctimas experimentan un estado de shock tras la agresión, una respuesta natural de bloqueo físico y mental que puede manifestarse en paralización, confusión y desconexión de la realidad, y que en ocasiones da lugar a contradicciones relevantes en su testimonio posterior.

Un delito cometido mayoritariamente por conocidos

La Macroencuesta insiste en que la mayoría de los agresores sexuales no son hombres desconocidos que atacan en un espacio público: en las violaciones fuera de la pareja, el 23,1% de las víctimas identificó como agresor a un familiar, el 62,7% a un amigo o conocido y solo el 12% a un desconocido. Además, el 68,5% de las violaciones se cometieron en una vivienda.

Estos datos contradicen algunos de los mitos más extendidos sobre lo que se conoce como cultura de la violación, un conjunto de ideas que normalizan o minimizan la violencia sexual, trasladan la responsabilidad hacia las mujeres y establecen un modelo estereotipado de lo que supuestamente sería una víctima "creíble" —que denuncia sin demora, presenta lesiones o recuerda todos los detalles de forma lineal—. Los datos oficiales muestran justamente lo contrario: la mayoría de los agresores son conocidos de las víctimas, y la mayoría de las mujeres no presentan lesiones genitales tras la agresión.

Órdenes de protección y respuesta judicial

Entre enero y marzo se solicitaron en España 611 órdenes de protección relacionadas con procedimientos por violencia sexual, de las que los órganos judiciales acordaron 441, el 72,2%. Durante ese mismo periodo, las Secciones de Violencia sobre la Mujer enjuiciaron a 44 personas, las Secciones de lo Penal a 154 y las Audiencias Provinciales a 50. En total se dictaron 252 sentencias, de las que 204 (81%) fueron condenatorias y 48 (19%) absolutorias.

Estas agresiones resultan especialmente difíciles de demostrar judicialmente porque suelen cometerse en la intimidad, sin testigos ni pruebas directas, lo que en ocasiones impide atribuir la responsabilidad al acusado más allá de toda duda razonable. El propio Tribunal Supremo ha señalado en alguna de sus sentencias que una absolución no siempre implica la inocencia del agresor, sino que en ocasiones las pruebas disponibles no bastan para sostener una condena.

Un cambio reciente en el sistema judicial

Esta es la primera estadística trimestral completa desde que, en octubre de 2025, los procedimientos por delitos sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja pasaron a instruirse en las Secciones de Violencia sobre la Mujer, antes repartidos entre distintos órganos judiciales. Esta ampliación de competencias tiene su origen en la ley del "solo sí es sí" y se concretó en la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Desde entonces, estos órganos especializados investigan también delitos como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, siempre que la víctima sea una mujer.

Por tratarse de la primera estadística comparable de este tipo, todavía no es posible determinar si la violencia sexual ha aumentado o disminuido respecto a periodos anteriores. Por su parte, el Ministerio del Interior registró 4.806 delitos contra la libertad sexual en el primer trimestre de 2026, un 1,1% más que en el mismo periodo de 2025, cifras que, pese a no ser directamente comparables con las del CGPJ por emplear variables distintas, apuntan en la misma dirección: la de un delito que, según reconocen los propios cuerpos policiales, continúa estando entre los más infradenunciados en España.