El texto, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria, contempla la reforma de diez normas con el objetivo de mejorar la respuesta judicial, penal y asistencial frente a esta forma de violencia de género.
Nuevos cambios
Entre las principales novedades figura la incorporación de la violencia vicaria como circunstancia agravante por razón de género en el Código Penal. Además, la futura ley prevé la suspensión automática de la patria potestad en los casos de condena firme por determinados delitos graves relacionados con la violencia de género y la violencia vicaria. También refuerza la obligación de que los jueces escuchen a los menores antes de adoptar decisiones sobre la guarda y custodia o el régimen de visitas.
La norma amplía asimismo la protección a otras personas del entorno afectivo de la víctima cuando el agresor ejerce violencia sobre ellas con el objetivo de causar sufrimiento a la mujer. Además de las medidas penales, el proyecto contempla modificaciones legislativas para mejorar la protección de las víctimas, reforzar la formación de los operadores jurídicos y avanzar en la recopilación de datos estadísticos sobre este tipo de violencia.
Mayor protección a los menores
La violencia vicaria constituye una de las manifestaciones más extremas de la violencia de género. Se produce cuando el agresor utiliza a los hijos, hijas u otras personas cercanas a la víctima como instrumento para infligirle el mayor daño posible. Con esta reforma, el Ejecutivo pretende dotar al ordenamiento jurídico de herramientas específicas para prevenir estas situaciones y ofrecer una mayor protección tanto a los menores como a las mujeres afectadas.
El nuevo texto es el resultado de meses de trabajo y negociación entre distintos departamentos ministeriales. Durante su elaboración se introdujeron cambios respecto a los primeros borradores para garantizar una mayor seguridad jurídica, entre ellos la decisión de considerar la violencia vicaria un agravante penal en lugar de crear un delito específico. Según el Gobierno, la futura ley pretende dar una respuesta más completa a una realidad que trasciende los casos más graves, como el asesinato de menores, e incluye cualquier forma de violencia ejercida sobre hijos, hijas u otras personas cercanas con el fin de dañar psicológicamente a la mujer. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el proyecto continuará ahora su tramitación en las Cortes Generales.
