Este verano, Reino Unido se convirtió en el epicentro de un terremoto digital. La entrada en vigor del Online Safety Act(OSA), la ley de seguridad en línea más ambiciosa del país ha generado una ola de controversia y un intenso debate sobre los límites de la censura y la libertad de expresión en la era digital. Aunque ONGs de la infancia y el gobierno británico lo celebran como un hito crucial para proteger a los menores, muchos usuarios, en lugar de sentirse más seguros, se han sentido vigilados y censurados, lo que ha generado una petición masiva para que se revise o derogue la normativa.

Una ley para proteger a los más jóvenes

Según el gobierno del Reino Unido, el objetivo de la OSA es el de proteger a los menores de 18 años de contenidos dañinos. El Secretario de Tecnología, Peter Kyle, ha calificado la ley como“el paso más significativo en seguridad infantil desde que se creó Internet”. Los datos de Ofcom(la autoridad reguladora aprobada por el gobierno británico) respaldan esta urgencia: niños de hasta tan solo 8 años tienen acceso a pornografía en línea, y el 16% de los adolescentes han visto material que promueve trastornos alimenticios. En respuesta, la OSA obliga a las plataformas a implementar medidas de verificación de edad seguras y a prevenir el contacto de extraños con menores, prohibiendo, por ejemplo, los mensajes directos(DMs) no solicitados.

Organizaciones británicas como la NSPCC(Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños) o la ONG infantil Barnardo’s han respaldado fervientemente la ley. El director de la NSPCC, Chris Sherwood, ha destacado que gracias a la OSA, los algoritmos se están rediseñando y se están poniendo en marcha verificaciones de edad que crearán“experiencias online más seguras y apropiadas para la edad”. Sin embargo, no todo el mundo comparte este entusiasmo.

¿Seguridad a costa de libertad?

Uno de los puntos más polémicos de la Online Safety Act ha sido la imposición de procesos de verificación de edad. Para cumplir con la ley, las plataformas han implementado diversas soluciones, desde el escaneo facial y el análisis de la voz hasta la solicitud de un documento de identidad o el uso de datos de tarjetas de crédito. Estas medidas, aunque diseñadas para ser seguras y anónimas(el gobierno asegura que la mayoría de las herramientas no almacenan datos personales), han generado un rechazo masivo entre los usuarios.

La desconfianza en la protección de sus datos biométricos, sumada a la incomodidad de tener que compartir información personal para acceder a contenidos, ha hecho que la ley, en lugar de regular, incentive a los usuarios a buscar métodos para evadirla. Esto se refleja en un aumento en el uso de redes privadas virtuales(VPN) y servicios proxy para eludir las restricciones geográficas y las verificaciones de edad.

Otra de las principal críticas a la ley se centra en que, para cumplir con las obligaciones de la OSA y evitar multas de hasta el 10% de su facturación global, las empresas y plataformas tecnológicas han optado por el camino más rápido: moderación automática a gran escala y la censura preventiva. En lugar de una supervisión humana y contextual, los algoritmos se han vuelto mucho más agresivos a la hora de identificar y eliminar contenido que pueda ser considerado“dañino” o“sensible”. Pero los algoritmos a menudo carecen de la capacidad para discernir el contexto, el sarcasmo o la intención de una publicación.

Esto ha provocado que muchos usuarios del Reino Unido se encontraran con la eliminación de contenido legítimo, desde debates políticos o vídeos sensibles sobre la guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza, hasta foros de aficionados o contenidos satírico y humorístico. La percepción entre muchos británicos es que la ley, en lugar de proteger, ha coartado la libertad de expresión, afectando a temas políticos, sociales y culturales que nada tienen que ver con el material ilegal.

El espejo europeo: la“Digital Services Act” de la UE

La Digital Services Act(DSA) de la UE tiene un enfoque diferente al de la ley británica, centrándose en la transparencia y la rendición de cuentas. En lugar de una censura masiva, exige a las plataformas que sean claras sobre por qué eliminan contenido, que evalúen los riesgos de sus servicios y que no usen la publicidad dirigida a menores. En España, al ser una ley de la UE, la DSA ya está siendo aplicada por la CNMC, con un impacto más centrado en la responsabilidad de las plataformas que en la censura de contenido.

En definitiva, tanto la Online Safety Act como la Digital Services Act son un intento de domar un Internet que a menudo parece ingobernable, y la tormenta del verano en el Reino Unido subraya los retos que enfrentan estas legislaciones: el eterno debate entre libertad y seguridad, el dilema de la moderación algorítmica y el poder de los reguladores(Ofcom en el caso de Reino Unido o la CNMC en España) para decidir qué es“dañino” y que no. El caso británico nos recuerda que cualquier legislación, por bienintencionada que sea, no está exenta de críticas si amenaza con vulnerar la libertad y la privacidad de los usuarios.