Junto a Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia, el Gobierno español ha suscrito un documento conjunto en el que defiende la necesidad de preservar una hoja de ruta clara hacia la electrificación del transporte.
Descarbonizando Europa
Los firmantes consideran que introducir nuevas flexibilidades podría debilitar las inversiones ya realizadas por la industria automovilística europea y generar incertidumbre en un momento clave para el sector. Los siete países sostienen que cualquier margen adicional concedido a los fabricantes para cumplir los objetivos de reducción de emisiones debe ser limitado y estar vinculado a compromisos concretos en materia industrial y medioambiental. El objetivo, aseguran, debe seguir siendo acelerar la descarbonización de la movilidad dentro de la Unión Europea. Los gobiernos firmantes subrayan que la apuesta por el vehículo eléctrico trasciende el ámbito de la política climática y se ha convertido también en una cuestión relacionada con la seguridad energética europea.
En este sentido, recuerdan el contexto actual de volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y la incertidumbre geopolítica internacional, factores que refuerzan la necesidad de reducir la dependencia energética exterior. Por ello, consideran que modificar el actual marco regulatorio podría suponer un error estratégico precisamente cuando las inversiones realizadas en los últimos años comienzan a ofrecer resultados visibles y cuando la industria necesita mantener una dirección clara para continuar avanzando. Además de defender las normas de emisiones vigentes, los siete países reclaman reforzar las medidas que faciliten la adopción del vehículo eléctrico por parte de ciudadanos y empresas.
Inversión en movilidad eléctrica
Entre las prioridades señaladas figuran el despliegue de infraestructuras de recarga, el impulso de incentivos a la demanda y el desarrollo de mecanismos que favorezcan el acceso a vehículos eléctricos a través del mercado de segunda mano. Asimismo, consideran necesario respaldar las inversiones destinadas a fortalecer una cadena industrial europea vinculada a la movilidad eléctrica y apoyar sectores estratégicos relacionados, como el acero verde. El documento también expresa reservas respecto a posibles cambios normativos que no estén respaldados por evidencias científicas. Los países firmantes recuerdan que la Comisión Europea concluyó, tras analizar datos procedentes de un millón de vehículos en circulación, que los híbridos enchufables emiten en condiciones reales hasta 3,5 veces más dióxido de carbono que las cifras obtenidas durante los ensayos de homologación.
Del mismo modo, muestran cautela ante una posible ampliación del papel de los combustibles renovables y neutros en carbono dentro de la regulación de emisiones para turismos. A su juicio, esta medida podría restar protagonismo a la electrificación, generar nuevas dependencias de materias primas importadas y desviar recursos de sectores donde consideran que estas tecnologías pueden resultar más necesarias, como la aviación o el transporte marítimo. Los siete Estados concluyen que mantener una estrategia ambiciosa de electrificación permitirá reforzar la competitividad de la industria automovilística europea a largo plazo y contribuirá a mejorar la accesibilidad de estas tecnologías para los ciudadanos. En este contexto, España, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia apuestan por preservar las actuales normas de emisiones de CO₂ como herramienta para impulsar la transformación del sector y acelerar la transición hacia una movilidad con menores emisiones.