La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de la existencia de cláusulas potencialmente abusivas y de precios poco transparentes en algunas autoescuelas, especialmente en los conocidos packs 'todo incluido'. La advertencia llega después de que la organización analizara los contratos habituales del sector, así como las reclamaciones recibidas por parte de los usuarios.
Qué información deben ofrecer las autoescuelas
Según ha explicado la OCU en un comunicado, las autoescuelas están obligadas a informar de forma clara sobre el precio total del servicio, con el IVA incluido, especificando si ese importe contempla o no las tasas de la Dirección General de Tráfico (DGT), los certificados necesarios y cualquier otro gasto administrativo asociado. También deben detallar el número de clases prácticas incluidas, que puede oscilar entre 8 y 22, con una duración de entre 45 y 90 minutos por clase.
Además, los centros deben indicar la vigencia de la oferta, el derecho de desistimiento cuando proceda, y las condiciones relativas a las convocatorias y a las pruebas de examen.
El problema de los packs 'todo incluido'
La organización ha señalado que fórmulas comerciales como "Obtén el permiso B2 por 650 euros, todo incluido" no resultan aceptables si posteriormente se comprueba que las tasas de examen —que rondan los 100 euros— se cobran aparte, o si se omite que el número de clases prácticas incluidas es limitado. Según la OCU, lo habitual es que se necesiten alrededor de 25 clases prácticas, con un precio medio de 30 euros cada una, un coste que en muchos casos queda fuera del precio anunciado inicialmente.
Cláusulas que la OCU considera potencialmente abusivas
La organización ha identificado varias cláusulas que, a su juicio, continúan apareciendo en los contratos de algunas autoescuelas y que deberían ser objeto de vigilancia y, en su caso, de sanción por parte de las autoridades autonómicas y municipales de consumo.
Entre ellas, destaca la retención del importe abonado por el alumno en caso de baja voluntaria, sin que exista una compensación equivalente cuando es la propia autoescuela la que cesa su actividad. También señala penalizaciones de hasta 300 euros por trámites como el traslado de expediente en caso de cambio de autoescuela, así como la existencia de obstáculos injustificados para tramitar bajas o cambios de centro, mediante formalidades excesivamente costosas o plazos desmesurados.
La OCU también ha detectado cobros por servicios que finalmente no se prestan, como la caducidad de clases prácticas ya abonadas por falta de disponibilidad de la propia autoescuela, así como cambios unilaterales de precios o de condiciones contractuales —como una actualización de tarifas— que no han sido previamente acordados con el alumno.
Qué hacer en caso de discrepancia
Ante cualquier situación de este tipo, la OCU recomienda presentar una reclamación por escrito directamente a la autoescuela, dejando constancia de los hechos ocurridos y solicitando de forma expresa una solución al problema planteado.