Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en España se han registrado 2.840.838 denuncias. Solo el 0,0082 % de ellas, entre 2009 y 2024, fueron consideradas falsas. “La realidad y la crudeza de las cifras acalla las falacias”, subrayó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la apertura del año judicial, recordando que detrás de cada número hay vidas truncadas y familias destrozadas.
En 2024 se registraron 199.094 denuncias por violencia machista, una cifra estable respecto a 2023 (–0,09%). De ellas derivaron 245.572 procedimientos incoados por el ministerio público, un 12,7 % más que el año anterior, lo que refleja un aumento en la respuesta judicial.
Ese mismo año, 50 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. En el 28 % de los casos existía denuncia previa por maltrato y en el 16% los agresores ya habían sido violentos con otras víctimas. Tres de cada cuatro feminicidios se produjeron en el domicilio, escenario que se confirma como un espacio de alto riesgo. Como consecuencia, 27 menores quedaron huérfanos, hijos de 18 de las víctimas.
La violencia de género también impactó de forma brutal en la infancia: nueve menores fueron asesinados en crímenes vicarios, cuatro junto a sus madres, y se registraron además cinco “feminicidios ampliados”, que afectaron a familiares cercanos como madres, padres o hijos adultos de las víctimas.
La memoria anual de la Fiscalía destaca además 71 agresiones graves, de las cuales 48 fueron intentos de feminicidio frustrados. La mayoría de las víctimas eran españolas (62%), al igual que los agresores (70%).
Los datos confirman que la violencia de género sigue siendo un problema estructural y persistente, mientras que las denuncias falsas son residuales. La Fiscalía insiste en la necesidad de mantener el foco en la protección real de las víctimas y en combatir la desinformación que trivializa su situación.
Cada denuncia, cada procedimiento y cada estadística representan una vida en riesgo. La evidencia es clara: invertir en prevención, protección y justicia no solo salva a las mujeres, también protege a sus hijos y a todo su entorno. Porque frente a la violencia machista, la sociedad no puede mirar hacia otro lado.
