Esta realidad no es un fenómeno aislado de las plataformas sociales, sino una extensión de la violencia de género que busca, a través del anonimato y la falta de límites, disciplinar a las mujeres y expulsarlas del debate público mediante el acoso constante.
El informe revela que esta violencia se ensaña especialmente con mujeres de perfil público. El 73 % de las periodistas sufren ataques que no cuestionan su trabajo, sino su apariencia física con insultos sexistas y sexualizados. La situación alcanza niveles de extrema gravedad en la política: más del 58 % de las europarlamentarias son víctimas de esta violencia, y casi la mitad de ellas han llegado a recibir amenazas de muerte o de violación. Este "efecto desaliento" provoca que muchas opten por la autocensura o el abandono de las redes por miedo, empobreciendo la calidad democrática y el pluralismo de nuestra sociedad.
Menores y el peligro del algoritmo
La preocupación se extiende también a la infancia, donde la edad media de acceso al primer móvil ha caído hasta los 10,8 años. El estudio destaca que una de cada cinco niñas en la Unión Europea sufre abusos sexuales en línea, en un entorno donde el 32 % de los menores mantiene sus perfiles abiertos al público.
Desde el Gobierno se denuncia la "romantización" de roles de género tradicionales y la proliferación de discursos de odio en la denominada "manosfera", que utiliza algoritmos para amplificar narrativas machistas que los más jóvenes consumen de forma sistemática.
Ante este panorama, la exigencia de control a las grandes tecnológicas se vuelve un imperativo democrático. No se trata solo de educación, sino de exigir responsabilidad a las plataformas sobre los contenidos que sus sistemas promocionan. La propuesta de Igualdad pasa por implementar sistemas obligatorios de verificación de edad para proteger a los más pequeños y mecanismos de retirada ágil de contenidos ilícitos. Las redes no pueden ser espacios sin ley donde la violencia sexual explícita y la desinformación campen a sus anchas bajo la excusa de la libertad de empresa.
Hacia un marco jurídico real
La solución planteada requiere que la violencia digital sea tratada jurídicamente como una extensión de la violencia física. El objetivo es armonizar las directivas de la Unión Europea para que el acoso en línea tenga consecuencias reales y tangibles para los agresores.
Además, se apuesta por programas educativos que fomenten el respeto digital y las vocaciones tecnológicas en las niñas, para que dejen de ser meros objetos de consumo y pasen a ser creadoras de espacios seguros. España busca posicionarse como un "faro" internacional en la regulación de estos entornos para garantizar que las redes sean, por fin, democráticas.
Controlar las plataformas no es censura, sino una medida de protección necesaria para evitar que los cuerpos y las identidades de las mujeres sigan siendo moneda de cambio en un mercado digital sin escrúpulos. Solo mediante la desnormalización de estos ataques y un marco legal robusto se podrá asegurar que el 80 % de nuestras jóvenes pueda navegar, opinar y existir en internet sin ser víctimas de un sistema que, hoy por hoy, parece estar fuera de control.
