Después de un largo proceso negociador el pasado marzo, el texto ha sido aprobado formalmente este lunes tras haber sido revisado y traducido a los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas (ONU).

Una adopción que ha tenido lugar por consenso, sin necesidad de una votación y que ha sido recibida con una gran ovación por los representantes gubernamentales, puestos de pie para festejar la conclusión de este largo proceso.

Este acuerdo histórico, según ha destacado el secretario general de la ONU, António Guterres, "demuestra que la comunidad internacional es capaz de unirse para responder de forma común a los grandes problemas globales y que el espíritu de la cooperación internacional sigue vivo".

Pendiente de las ratificaciones

La decisión pone fin a las negociaciones en la ONU, pero el nuevo tratado no entrará en vigor hasta que al menos 60 países lo hayan firmado y ratificado.

Así, a partir del próximo 20 de septiembre, el texto se abrirá a la firma en la sede de Naciones Unidas y Guterres ha pedido a los Gobiernos que no se retrasen lo más mínimo, pues este texto es fundamental para responder a las amenazas a las que se enfrenta el océano y para el éxito de los objetivos vinculados al océano de la Agenda 2030 y del Marco Kuming-Montreal de la Diversidad Ecológica.

Un instrumento clave

Desde hace años, los grupos ecologistas vienen insistiendo en que este tratado es vital para salvar los océanos, amenazados por la contaminación, la crisis climática y las nuevas tecnologías que abren la puerta a la minería en el fondo de los mares y a una pesca más intensiva.

Y es que la altamar, es decir, las aguas situadas a más 200 millas marinas de la costa y que son compartidas por todos los países, suponen dos tercios del total de los océanos y hasta ahora han estado gestionadas bajo una serie de acuerdos y organismos internacionales sin una jurisdicción clara, sin demasiada coordinación y con unas normas inadecuadas para su protección.

Establecido en el marco de la ya existente Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el nuevo tratado busca asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.

El texto sienta las bases para el establecimiento de zonas marinas protegidas, lo que debe facilitar que se cumpla la promesa internacional de salvaguardar al menos el 30 % de los océanos para el año 2030 y, además, garantiza que se tenga en cuenta el impacto ambiental de las actividades en aguas internacionales, facilitando la cooperación entre países en tecnología marina.

Del mismo modo, crea un marco para compartir los beneficios del mar, especialmente todo lo relativo a los recursos genéticos marinos, por ejemplo especies que pueden proporcionar genes patentables en el futuro para su uso en medicina.

Uno de los últimos asuntos que se cerraron en las negociaciones del pasado marzo, fue la cuestión de intereses de algunos países ricos, que son los que tienen más capacidad para aprovechar esos avances, y los del mundo en vías de desarrollo, que temen verse excluidos.