El Gobierno de España ha querido dar un paso al frente en la gobernanza tecnológica global. Por ello, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado en la primera reunión del Diálogo Global de las Naciones Unidas sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial el lanzamiento de la Coalición Internacional para los Derechos y la Protección de la Infancia en la Era de la IA, ya apoyada por más de una veintena de países junto a UNICEF y la UNESCO. Su objetivo principal es salvaguardar los derechos de los niños y adolescentes frente al avance de la inteligencia artificial. Desde la delegación española se ha insistido en que la comunidad internacional ya “llegó tarde con la regulación de las redes sociales”, por lo que resulta imperativo “no cometer el mismo error con la IA”.
Esta urgencia regulatoria responde a una realidad innegable: la velocidad a la que los menores están adoptando estas herramientas. De acuerdo con un informe de UNICEF, el 67 % de los adolescentes en el Reino Unido ya utiliza la IA generativa, mientras que el 37 % de los niños argentinos de entre 9 y 11 años recurren a ChatGPT para buscar información. Al no contar con marcos normativos adecuados, los menores quedan expuestos a graves peligros: desde campañas de desinformación diseñadas específicamente para ellos o la dependencia emocional que generan los chatbots, hasta amenazas tan extremas como la proliferación de deepfakes y la creación de material sintético de abuso sexual.
La respuesta de Europa: restricciones escolares y veto a las redes
Este movimiento se alinea con la tendencia de diversos gobiernos europeos que buscan reconducir la digitalización infantil ante las alertas sobre el deterioro en la concentración, la pérdida de comprensión lectora y el aislamiento social de los jóvenes. El debate sobre limitar la tecnología en las aulas ha ganado un peso sin precedentes en el continente.
Un claro ejemplo de esta evolución es Noruega, que plantea la retirada formal de la IA y las pantallas y dispositivos de las escuelas primarias para priorizar el desarrollo cognitivo tradicional, la escritura a mano y la lectura en papel. Por su parte, el Reino Unido avanza en iniciativas legislativas para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida impulsada para mitigar trastornos del sueño, ansiedad y problemas de autoestima vinculados al diseño adictivo de los algoritmos.
Esta preocupación regulatoria se ha visto agravada en todo el continente por la irrupción de interfaces de inteligencia artificial generativa capaces de simular interacciones humanas, lo que añade el riesgo de que los menores desarrollen dependencia emocional hacia asistentes virtuales. Este escenario evidencia que las administraciones públicas están empezando a asumir la tarea de proteger a la infancia ante los riesgos del entorno digital.
Un marco regulatorio global para proteger a la infancia
De acuerdo con la nota de prensa publicada por La Moncloa, esta nueva alianza internacional busca que el desarrollo de la inteligencia artificial incorpore la perspectiva de la infancia de forma obligatoria y por diseño para garantizar que los algoritmos sean transparentes y no perpetúen sesgos de género o raza. Los países firmantes se comprometen a diseñar normativas homogéneas que exijan a las empresas auditorías de impacto de derechos humanos antes de lanzar productos que puedan ser utilizados por menores.
Esta necesidad de poner límites no es nueva. Ya en 2023, Audrey Azoulay, entonces directora general de la UNESCO, advertía de que, aunque la IA generativa representa una oportunidad sin precedentes para el desarrollo, su despliegue en las aulas jamás puede realizarse sin el compromiso público y las regulaciones necesarias para evitar sesgos y proteger a los menores. El acuerdo impulsado ahora por España traduce este reclamo en exigencias políticas inmediatas: la obligación de aplicar sistemas de verificación de edad robustos, el etiquetado claro de cualquier contenido generado de forma sintética y la prohibición explícita de tecnologías que buscan la dependencia psicológica de los menores.