La regulación del acceso de los menores a las redes sociales y entornos digitales se ha convertido en una prioridad legislativa mundial. Motivados por el ciberacoso, la salud mental y los patrones adictivos en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube, más de una veintena de países aplican o buscan aplicar prohibiciones absolutas, controles parentales obligatorios y sistemas de verificación para el acceso de los menores a las plataformas.

Para evitar un mosaico normativo sin coordinación dentro del mercado único, la Comisión Europea ha presentado el EU KIDS Act, una iniciativa para fijar un suelo común. La propuesta establece un marco gradual: prohibición total a menores de 13 años, cuentas supervisadas entre los 13 y los 14 años (con un máximo de una hora diaria de uso) y los 15 años como edad mínima para tener una cuenta propia. Además, exige aplicar garantías de seguridad por diseño para usuarios menores de 18 años en redes, videojuegos en línea y asistentes conversacionales de inteligencia artificial, bajo la amenaza de sanciones de hasta el 6 % de su facturación global a las corporaciones tecnológicas.

Europa: entre la armonización comunitaria, la vía nacional y los reveses judiciales

En el ámbito europeo, la respuesta regulatoria oscila entre la búsqueda de un criterio unificado y las tensiones jurídicas de los modelos estatales.

• España tramita la prohibición de acceso a menores de 16 años mediante un sistema público de verificación digital, mientras lidera acuerdos para proteger a la infancia frente a la IA y participa en el debate regional sobre limitar los dispositivos móviles en el entorno escolar.
• Francia aprobó la prohibición para menores de 15 años, pero su Consejo Constitucional la anuló al dictaminar que vulneraba de forma desproporcionada la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. Esto obliga al ejecutivo a redactar un nuevo texto que sea jurídicamente sólido.
• Grecia aprobó la prohibición de acceso para menores de 15 años, fijando sanciones económicas a las plataformas que no restrinjan los perfiles a partir del 1 de enero de 2027.
• Portugal exige desde febrero consentimiento parental explícito para autorizar el registro de usuarios de entre 13 y 16 años.
• Italia, Alemania y Austria mantienen debates parlamentarios para establecer barreras de entrada por edad situadas entre los 14 y los 15 años.
• La Unión Europea (Comisión Europea) aspira a coordinar las iniciativas estatales mediante el EU KIDS Act para evitar la fragmentación del mercado digital y blindar el acceso a las redes por tramos de edad (<13 años acceso prohibido; 13–14 años cuenta supervisada; ≥15 años perfil autónomo).
• Reino Unido (fuera de la UE) tramita el veto para menores de 16 años con entrada en vigor prevista para la primavera de 2027, acompañada de un toque de queda nocturno voluntario para adolescentes de 16 y 17 años.

América, Asia y Oceanía: prohibiciones pioneras y control de cuentas

Fuera de Europa, la presión sobre las multinacionales tecnológicas se concreta en vetos directos y mecanismos de autenticación obligatoria. La evolución de todas las normas internacionales puede consultarse en el tracker de Wired Parents.

• Australia se convirtió en el pionero mundial al prohibir las redes a menores de 16 años, imponiendo sanciones millonarias a las plataformas que no garanticen el bloqueo efectivo.
• Brasil exige desde marzo verificar la identidad y vincular de forma obligatoria las cuentas de los menores de 16 años a los perfiles de sus tutores legales.
• Turquía y Emiratos Árabes Unidos aprobaron fijar en los 15 años la edad mínima para abrir perfiles personales y utilizar funciones avanzadas en plataformas digitales.
• Malasia e Indonesia aplican restricciones y vetos de acceso a menores de 16 años en plataformas clasificadas por la administración como de alto riesgo.
• Canadá y Nueva Zelanda han presentado proyectos de ley para situar el umbral en los 16 años, acompañados de multas proporcionales a los ingresos globales de las tecnológicas.

Los desafíos transversales de la regulación digital

Más allá del mapa legislativo, la implantación real de estas medidas afronta reticencias técnicas y garantistas. Por un lado, la verificación masiva de edad plantea dudas sobre la privacidad y el tratamiento de datos personales de la ciudadanía; por otro, persiste el reto de evitar la elusión de controles mediante redes privadas virtuales (VPN) o perfiles falsos.