La Unión Europea encara la cumbre del clima en Antalya (Turquía) con el firme propósito de transformar los compromisos existentes en acuerdos reales, especialmente en lo relativo a la transición energética, la reducción de emisiones y la adaptación climática, aunque persisten serias dudas sobre el cumplimiento general del Acuerdo de París. El pasado 12 de octubre, los Veintisiete definieron la posición común que defenderán en la COP31, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre, vinculando de forma directa la descarbonización con su propia supervivencia y autonomía estratégica.
COP31, un punto de inflexión
En su mandato, los países admiten que es muy probable que se supere el límite de calentamiento global de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, por lo que reclaman una acción urgente y ambiciosa. La UE exigirá la ejecución de los planes climáticos nacionales (NDC) y la aplicación estricta del primer balance mundial, lo que incluye abandonar los combustibles fósiles y acelerar la electrificación limpia. Asimismo, el Parlamento Europeo ha reclamado un calendario claro para dejar atrás los combustibles fósiles, advirtiendo de que Europa es el continente que se calienta más rápidamente.
Competitividad europea y financiación
Ante los micrófonos, la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera advirtió recientemente que el cambio climático amenaza la competitividad europea y puede colapsar infraestructuras esenciales. Para hacer frente a estos riesgos, Bruselas ha presentado nuevas normas destinadas a integrar la adaptación climática en las políticas sectoriales y crear un Marco de Resiliencia Climática. En el plano financiero, la UE y sus Estados miembros aportaron en 2025 un total de 32.300 millones de euros de dinero público en financiación climática para los países en desarrollo, movilizando adicionalmente 9.300 millones de origen privado.