Según el proyecto de Real Decreto que el Gobierno ha sometido desde este jueves a audiencia pública por la vía de urgencia. La norma busca ordenar el despliegue de estas instalaciones, grandes consumidoras de energía y agua, y establecer requisitos para reducir su impacto ambiental.
El acceso a la red eléctrica estará condicionado
El proyecto, impulsado por los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, establece que cada nuevo megavatio (MW) consumido por un centro de datos deberá estar respaldado por un nuevo MW renovable instalado durante los 18 meses anteriores a su entrada en funcionamiento. Esta exigencia podrá cumplirse mediante instalaciones de autoconsumo o a través de contratos de suministro a largo plazo, conocidos como PPA, una fórmula que permite financiar la construcción de nuevas instalaciones de generación renovable. El autoconsumo procedente de fuentes renovables deberá acreditarse hora a hora, según recoge el documento, que permanecerá abierto a la presentación de alegaciones hasta el próximo 4 de septiembre. La propuesta también eleva las exigencias relacionadas con la eficiencia energética y la eficiencia hídrica de los nuevos centros de datos, en línea con el nuevo sistema de etiquetado europeo que está desarrollando la Comisión Europea y cuya entrada en vigor está prevista para agosto de 2027.
A partir de ese momento, los nuevos centros deberán alcanzar el nivel más elevado previsto por la normativa europea, la categoría A, tanto en eficiencia energética como en eficiencia hídrica. Para ello se tendrán en cuenta los indicadores Power Usage Effectiveness y Water Usage Effectiveness. El cumplimiento de estos requisitos también estará vinculado al acceso a la red eléctrica. Los proyectos de centros de datos que quieran obtener derechos de acceso y conexión deberán acreditar que cumplen las exigencias establecidas en materia de consumo de energías renovables, eficiencia y sostenibilidad. El incumplimiento de estas obligaciones supondrá penalizaciones crecientes en los importes correspondientes a cargos y peajes y, en último término, podrá provocar la pérdida del derecho de acceso a la red eléctrica. Los ingresos obtenidos mediante estas penalizaciones se destinarán a compensar el sobrecoste que pueda generar sobre el sistema eléctrico el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la adicionalidad y la correlación horaria del consumo de energías renovables. De esta forma, el objetivo es evitar que estos costes terminen repercutiendo sobre las facturas de electricidad.
Más de 12 GW de derechos de acceso desde 2021
Los proyectos que ya se encuentran en tramitación dispondrán de un plazo de seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento. Este periodo se reducirá a tres meses en aquellos casos en los que los proyectos estén a la espera de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica. Si no cumplen con las nuevas exigencias dentro de los plazos establecidos, deberán renunciar a los derechos de acceso y conexión, sin que se ejecuten las garantías correspondientes, según establece la propuesta normativa. El Gobierno destaca en la justificación de la norma el atractivo de España para el desarrollo de centros de datos y señala que el país ya supera con creces los objetivos contemplados en la Estrategia de Inteligencia Artificial. Según el Ejecutivo, los centros de datos son instalaciones indispensables para una economía moderna y el interés de la industria por desarrollarlos en España supone una oportunidad para impulsar la digitalización de la economía y contribuir a la soberanía digital de la Unión Europea.
Al mismo tiempo, la nueva regulación pretende garantizar que este despliegue se produzca aplicando prácticas sostenibles desde el punto de vista ambiental y energético. El Gobierno considera que España está en disposición de seleccionar los proyectos que aporten mayores beneficios con el menor impacto ambiental, para lo que la norma establece requisitos específicos dirigidos a las instalaciones con una potencia eléctrica superior a 1 MW, al considerar que son las que tienen una incidencia territorial, hídrica y ambiental relevante. En el caso de las instalaciones que superen 1 MW, también tendrán que informar sobre si cumplen las mejores prácticas recogidas en la versión más reciente del código de conducta europeo sobre eficiencia energética de los centros de datos y explicar de qué manera las aplican.