Los países en desarrollo reciben apenas una décima parte de la financiación que necesitan para adaptarse a los efectos del cambio climático. Así lo advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en su Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026, que alerta de la insuficiencia de los recursos destinados a proteger a las poblaciones más vulnerables frente a sequías, inundaciones, olas de calor e incendios.

Las necesidades económicas superan los 300.000 millones anuales

Según el documento, elaborado por el organismo con sede en Nairobi, estos países necesitan alrededor de 305.000 millones de dólares anuales hasta 2035 para hacer frente a las consecuencias del calentamiento global. Sin embargo, la financiación pública internacional aportada por los países desarrollados para medidas de adaptación se situó entre 28.200 y 31.700 millones de dólares en 2024, último año del que existen datos disponibles. Esta cantidad apenas supone un incremento de unos 1.000 millones respecto a 2023. La publicación del informe coincide con los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra del 9 al 20 de noviembre en Antalya (Turquía). La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, ha advertido de que el mundo todavía no está preparado para afrontar las condiciones climáticas actuales, y mucho menos para un escenario en el que se supere el umbral de 1,5 grados de calentamiento respecto a los niveles preindustriales, cuyo límite recomienda no rebasar el Acuerdo de París.

Las estimaciones del PNUMA, basadas en los planes climáticos y de adaptación de 155 países en desarrollo, sitúan las necesidades de financiación entre 255.000 y 328.000 millones de dólares anuales durante la próxima década. Los modelos utilizados por el organismo elevan esta previsión hasta cerca de los 320.000 millones. Además, estas cantidades apenas contemplan las necesidades del sector privado, que podrían llegar a duplicar el volumen total de recursos necesarios. La situación resulta especialmente complicada para los países con menores ingresos, donde los costes de adaptación representan aproximadamente el 4 % del producto interior bruto (PIB). Incluso si se cumple el compromiso adoptado en la COP30 de 2025, celebrada en Brasil, de intentar triplicar la financiación internacional destinada a adaptación hasta 2035, los recursos disponibles solo cubrirían entre el 20 % y el 29 % de las necesidades previstas. Por otro lado, la cooperación entre los propios países en desarrollo ha experimentado un crecimiento, al pasar de 3.800 millones de dólares en 2019 a 9.600 millones en 2024.

La falta de recursos no es el único obstáculo para la adaptación

El informe también señala que incrementar la financiación no será suficiente si los gobiernos no consiguen transformar sus planes climáticos en medidas concretas. Entre las principales dificultades figuran los obstáculos legales y administrativos, así como los problemas de coordinación entre instituciones. Para abordar estas limitaciones, el PNUMA recomienda reforzar las leyes climáticas, mejorar la cooperación entre administraciones y desarrollar mecanismos más eficaces para gestionar los fondos, supervisar su utilización y garantizar la rendición de cuentas. Asimismo, advierte de que, incluso con mejores medidas de adaptación, no será posible evitar todos los daños derivados del calentamiento global. La dimensión de estos impactos queda reflejada en los datos recogidos entre 2020 y 2025. Durante ese periodo, los países de ingresos bajos y medios concentraron el 99 % de los 765 millones de personas registradas como afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra. El organismo precisa, no obstante, que estas consecuencias no pueden atribuirse en su totalidad al cambio climático provocado por la actividad humana.

A esta situación se suma la insuficiencia de los recursos destinados a responder a las pérdidas y daños. En la primera ronda del Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños, 119 países en desarrollo solicitaron 2.800 millones de dólares, frente a una dotación inicial de tan solo 342 millones. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, también ha denunciado la falta de financiación y voluntad política para proteger a los países más vulnerables. Guterres ha reclamado a los países desarrollados que cumplan sus compromisos y ha insistido en la necesidad de convertir los planes de adaptación en actuaciones concretas, como viviendas más seguras, infraestructuras resilientes, protección de la seguridad alimentaria e hídrica y sistemas de alerta temprana. El responsable de la ONU ha resumido la urgencia de esta situación en la necesidad de invertir ahora en adaptación para evitar asumir consecuencias mucho más graves en el futuro.