El proyecto se enmarca en la estrategia de la Unión Europea para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia sistemas de consumo y movilidad más eficientes y con menores emisiones.
Plan europeo
Según han detallado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto con los departamentos de Transportes y Vivienda, el plan se financiará en parte a través del Fondo Social para el Clima de la Unión Europea. España deberá aportar el 25 % del total del fondo, que se articulará como uno de los principales instrumentos comunitarios para acompañar socialmente la transición energética. El periodo de ejecución del plan abarcará desde 2026 hasta 2032, lo que supone siete años de aplicación en los que se desplegarán las distintas medidas previstas. La estrategia se centra en proteger a los colectivos más vulnerables frente al impacto económico y social derivado del cambio del modelo energético.
En cuanto a la distribución de la inversión, el plan destina alrededor de 4.700 millones de euros a actuaciones relacionadas con la vivienda y la rehabilitación energética de edificios. Este bloque se centra en la mejora de la eficiencia energética de los hogares, la reducción del consumo y la adaptación de las viviendas a criterios más sostenibles. Dentro de este apartado también se incluyen medidas para impulsar la vivienda social con mejores estándares de eficiencia energética, así como el desarrollo de comunidades energéticas y el fomento del autoconsumo colectivo, con el objetivo de reducir la factura energética y mejorar el aprovechamiento de las energías renovables.
Transición energética
El segundo gran eje del plan es la movilidad, que contará con aproximadamente 4.300 millones de euros. Esta partida se orienta a la mejora del transporte público y a la reducción de emisiones en el sector del transporte, uno de los más relevantes en términos de consumo energético. En este ámbito, el plan presta especial atención a las zonas rurales, donde el acceso al transporte público es más limitado, y contempla medidas específicas para mejorar la conectividad y la accesibilidad de la población. Asimismo, se incluyen ayudas dirigidas a autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas para facilitar la renovación de vehículos y su adaptación a modelos de movilidad más sostenibles, contribuyendo así a la reducción de emisiones contaminantes.
Entre las medidas destacadas se encuentra la creación de un abono único de transporte público urbano, metropolitano e interurbano, diseñado para abaratar el coste del transporte y fomentar su uso frente al vehículo privado. El Ejecutivo subraya que este plan pretende garantizar una transición energética "justa", evitando que los costes recaigan de forma desproporcionada sobre los hogares más vulnerables. En este sentido, el enfoque combina objetivos de reducción de emisiones con medidas de protección social. Antes de su aprobación definitiva, el Plan Social para el Clima deberá someterse a un proceso de audiencia pública. Posteriormente, será remitido a la Comisión Europea antes de que finalice el año, con el objetivo de activar su implementación dentro del marco europeo de transición climática.