España ha logrado una mejora destacable en materia de salud pública: es el país que más ha reducido la obesidad entre mujeres en las últimas tres décadas, con una bajada del 4,6 % entre 1990 y 2022, según el Informe Mundial del Corazón 2025, elaborado por la Federación Mundial del Corazón. Este documento, que analiza la evolución global de la obesidad y su relación con las enfermedades cardiovasculares (ECV), señala a España como referente positivo en un contexto generalizado de aumento de esta condición a nivel mundial.
En este periodo, solo unos pocos países entre ellos Francia, Moldavia, Lituania y España han conseguido revertir la tendencia, y lo han hecho con reducciones muy modestas, entre el 1 % y el 2 % en la mayoría de los casos. La cifra de España entre mujeres destaca por ser la más alta.
La prevalencia mundial de obesidad, sin embargo, ha seguido una trayectoria ascendente alarmante. En 2022, 878 millones de adultos vivían con obesidad, lo que supone cuatro veces más que los 194 millones registrados en 1990. Esta situación no solo compromete la salud individual, sino que tiene un impacto económico considerable: en 2019, los costes globales derivados de la obesidad representaban el 2,2 % del PIB mundial, una cifra que podría superar el 3 % para 2060 si no se revierte la tendencia actual.
El informe cita un estudio publicado en The Lancet que advierte que, de mantenerse las tendencias actuales, para 2050 casi dos de cada tres adultos mayores de 25 años podrían sufrir sobrepeso u obesidad. No solo se compromete la salud del adulto, sino también la de las nuevas generaciones: los niños con un IMC elevado tienen un 40 % más de probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares en la mediana edad. Además, la obesidad infantil conlleva importantes efectos psicológicos y sigue siendo la principal causa de acoso y discriminación escolar.
Frente a este panorama, los expertos señalan que la obesidad es un problema multifactorial que requiere una acción política decidida y sostenida. El informe recomienda a los gobiernos implementar medidas de salud pública coste-efectivas, que aumenten la concienciación ciudadana y garanticen el acceso equitativo a tratamientos y prevención.
Ejemplos de estas políticas ya se están aplicando en países como Japón, Reino Unido, Letonia y Ruanda, que han adoptado estrategias regulatorias como la limitación de la densidad de establecimientos de comida rápida, impuestos específicos a productos no saludables, y programas de intervención comunitaria.
El informe también destaca el caso de ‘Mana Tu’, un proyecto neozelandés que brindó acompañamiento nutricional y apoyo comunitario, consiguiendo aumentos en el consumo de frutas y verduras, así como una mejora del 10 % en los niveles de actividad física de los participantes.
Uno de los autores del informe, el profesor Francisco López-Jiménez, de la Clínica Mayo, advierte de que es urgente “reconocer la obesidad como un problema complejo que requiere intervenciones integrales, y no soluciones individuales aisladas”.
Por su parte, la doctora Mariachiara Di Cesare, directora del Instituto de Salud Pública y Bienestar de la Universidad de Essex, alerta sobre la necesidad de “fortalecer los sistemas de salud y facilitar el acceso a tratamientos para la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, especialmente entre las poblaciones vulnerables”.
El informe pone especial énfasis en que el estigma y la discriminación en torno a la obesidad dificultan la lucha contra la enfermedad, por lo que pide políticas que no solo actúen sobre los hábitos individuales, sino que transformen los entornos sociales, económicos y culturales que alimentan esta epidemia silenciosa.
En un contexto global preocupante, España ofrece un ejemplo de progreso en la prevención de la obesidad femenina, aunque el reto sigue siendo inmenso y exige una respuesta colectiva y sostenida para garantizar un futuro más saludable.