Según los últimos datos del Ministerio de Consumo, casi el 40 % de los jóvenes de entre 14 y 18 años ha consumido estos productos en el último año. Lo más alarmante para los expertos es que un 15 % de estos estudiantes las ingiere mezcladas con alcohol, una combinación que enmascara los efectos de la embriaguez y multiplica los riesgos para el organismo.
Este patrón de consumo es significativamente mayor entre los chicos, donde casi la mitad reconoce su uso habitual. El ministro Pablo Bustinduy ha señalado que estas bebidas no son refrescos inofensivos, sino productos que pueden provocar hipertensión, insomnio crónico, sobrepeso y trastornos cardiovasculares graves en cuerpos que aún están en desarrollo. Ante esta situación, el Ejecutivo ya ha anunciado una normativa para prohibir su venta a menores, una medida que cuenta con el respaldo de más del 80 % de la población joven.
El bombardeo publicitario como diana
Uno de los factores que más preocupa al Gobierno es el entorno digital y mediático en el que crecen los niños y niñas. De media, los menores reciben treinta impactos publicitarios diarios de alimentos y bebidas no saludables. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha advertido de que los jóvenes se han convertido en "dianas" de un sistema económico muy sofisticado. El hecho de que un niño reconozca una marca antes de saber leer no es casualidad, sino el resultado de una estrategia comercial que busca fidelizar consumidores desde la cuna.
Para las instituciones, comer sano no es un tema menor, sino la punta de un iceberg de determinantes sociales y comerciales. El objetivo de las nuevas jornadas de concienciación es proteger la libertad de elección de los menores, evitando que sus cuerpos se conviertan en un "terreno de mercado".
Se busca impulsar una transformación cultural donde la alimentación saludable sea el eje de la educación, contrarrestando el bombardeo sistemático de productos ultraprocesados y bebidas estimulantes.
Hacia una regulación de salud pública
La prohibición de estas bebidas a menores busca equilibrar la balanza entre el beneficio comercial de las empresas y el bienestar de la infancia. Las ministras de Sanidad e Infancia coinciden en que las instituciones públicas deben hacerse cargo de estos riesgos, limitando la manipulación publicitaria que sufren los más vulnerables. La prioridad ahora es acompañar a las familias y a los comedores escolares en la creación de entornos protegidos, donde la salud prevalezca sobre los intereses del mercado abierto.
Educar en el pensamiento crítico es fundamental para que los adolescentes comprendan que la energía que prometen estas latas tiene un coste físico muy alto. Al frenar el acceso legal a estos productos y limitar su publicidad, se pretende reducir la prevalencia de enfermedades que antes eran propias de adultos y que ahora aparecen cada vez más en edades tempranas. La alimentación saludable se consolida, así como una prioridad política y social ineludible para las próximas décadas.