Ese tratado pretende declarar área protegida un 30% de la superficie de alta mar antes de 2030. Se trata de un instrumento global jurídicamente vinculable que tiene como objetivo proteger la biodiversidad en alta mar, es decir, en aguas más allá de 200 millas náuticas (límite de las aguas de jurisdicción nacional).
El pacto se abrió a la firma en Naciones Unidas en septiembre de 2023. Para que entrara en vigor era necesario que sesenta partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ratifiquen, se adhieran, acepten o aprueben el pacto.
España lo ratificó el 4 de febrero de 2025 y se convirtió en el 16º país en hacerlo (y el primero de la UE), solo por detrás de Bangladesh, Barbados, Belice, Chile, Cuba, Maldivas, Mauricio, Micronesia, Mónaco, Palaos, Panamá, Seychelles, Singapur, Santa Lucía y Timor Oriental.
Conferencia de Niza
Esa cifra aumentó a treinta y dos países antes de que el pasado junio comenzara en Niza (Francia) la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, conocida como UNOC3. Los compromisos sobre áreas marinas protegidas asumidos por los países en la UNOC3, una vez aplicados, aumentarían la protección de los océanos de alrededor de un 8% a más de un 10 % en todo el mundo.
El Gobierno español, con Pedro Sánchez como líder, se comprometió en Niza a aumentar la superficie marina hasta un 25,7% en 2025 con la declaración de seis nuevos espacios protegidos. El pasado 20 de septiembre se alcanzaron las sesenta ratificaciones, con lo que el tratado entrará en vigor 120 días después, es decir, el 17 de enero de 2026. Ahora, un total de 81 partes de la convención (80 países y la UE) han ratificado el tratado, tras sumarse Ecuador el pasado 22 de diciembre.
Obligaciones
El tratado, llamado exactamente Acuerdo en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (o Acuerdo BBNJ, por sus siglas en inglés), fue adoptado en marzo de 2023 tras cinco rondas de negociaciones y después de que los primeros trabajos comenzaran en 2004.
A partir del próximo 17 de enero, los países que hayan ratificado el tratado deberán comenzar a cumplir con una serie de obligaciones, como promover los objetivos de conservación del pacto en foros internacionales, iniciar la cooperación en ciencia marina y transferencia de tecnología, y garantizar que las evaluaciones de impacto ambiental de las actividades planificadas cumplan con los estándares del Tratado.
Con la entrada en vigor, la Comisión Preparatoria del tratado continúa su trabajo para sentar las bases de las instituciones del pacto, incluida la Secretaría, el Órgano Científico y Técnico, el Comité de Acceso y Distribución de Beneficios, entre otros órganos subsidiarios.
Durante la primera Conferencia de las Partes (COP1), los países adoptarán las reglas de procedimiento, determinarán los arreglos financieros, finalizarán las estructuras institucionales y acordarán los procesos que permitirán la creación de las primeras Áreas Marinas Protegidas (AMP), proyectos de cooperación científica y la presentación de informes sobre recursos genéticos marinos.
Algunas áreas
Uno de los resultados más esperados es la creación de una red global de Áreas Marinas Protegidas en alta mar. El tratado exige que las partes se basen en la mejor ciencia disponible, consulten ampliamente e identifiquen áreas de importancia ecológica.
La Alianza de Alta Mar, formada por más de setenta ONG y la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) ha identificado áreas que podrían conformar la primera generación de AMP en los océanos: la cadena de mones submarinos Hawái-Emperador (Pacífico), el mar de los Sargazos (Atlántico) y las dorsales de Salas y Gómez y de Nazca (Pacífico).
