Firmado por más de 40 catedráticos y catedráticas, así como por ponentes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), el manifiesto está abierto a nuevas adhesiones.
Para mitigar los efectos de la crisis climática ante la situación de emergencia, urge acelerar las políticas climáticas puestas en marcha en los últimos años y aprobar nuevas con el objetivo de reducir las emisiones, por lo menos, un 50 % en 2030.
Los científicos alertan en el texto de los peligros de una acción insuficiente por parte de las administraciones públicas frente a la crisis climática. Esto supone uno de los mayores retos de la historia de la humanidad y subrayan que los gobiernos tienen la mayor capacidad de actuación. Por esta razón su implicación es fundamental.
Las políticas aprobadas son insuficientes
Hasta ahora, las medidas políticas que han sido aprobadas tanto en la legislación española (local, autonómica y nacional) como en el marco internacional y europeo, son insuficientes, pues sólo conseguirían limitar el aumento de temperatura media global hasta 3,2° a finales de siglo (desde el IPCC se pide limitar el calentamiento global a 1,5°).
Esto, según los científicos, podría tener consecuencias catastróficas, teniendo en cuenta que las olas de calor, las inundaciones y las sequías actuales, ya han sido originadas por un aumento de temperatura de 1,1°.
Las emisiones provenientes del uso de petróleo, carbón y gas son la causa principal del cambio climático, declaran, y, por ello, para lograr una reducción de emisiones rápida, es imprescindible cambiar por completo el modelo energético mediante la migración desde fuentes fósiles a renovables, como la fotovoltáica, la eólica y la geotermia, entre otras.
La emergencia climática supone una oportunidad histórica para que las administraciones contribuyan a mejorar la sociedad, a hacerla más justa y sostenible y a mejorar la calidad de vida de las personas.
Debido a esto, los científicos han propuesto que las administraciones reduzcan la demanda neta de servicios y energía, electrifiquen todos los usos energéticos, apuesten por las renovables y reorganicen las políticas urbanas con menos asfalto y más zonas verdes y fomenten sistemas productivos más sostenibles.
Y es que este Manifiesto Científico por la Emergencia Climática, llega en plena precampaña electoral y ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre el primer litigio climático de la historia de España, que exige al Estado más ambición en la lucha por la protección del clima.
