JcR, que celebra 25 años de actividad, reúne a especialistas en Derecho que han llevado a los tribunales numerosos casos relacionados con el exceso de ruido. Su expresidenta, Yomara García Viera, que acaba de ceder el relevo a Alfonso Terceño Ruiz, recuerda que han litigado en todas las vías posibles y que han logrado sentencias contra múltiples focos emisores. Aun así, lamenta que el silencio siga siendo un bien escaso y poco valorado, especialmente en las ciudades.
El impacto del ruido en los últimos años
El impacto del ruido sobre la salud es profundo. Entre 2008 y 2020, el número de personas con sordera o discapacidad auditiva aumentó casi un 18 %, según el INE. Y la evidencia científica relaciona la exposición continuada al ruido con alteraciones del sueño, problemas cardiovasculares, trastornos neurológicos y deterioro cognitivo. Los informes más recientes de la Agencia Europea del Medio Ambiente estiman que la contaminación acústica provoca alrededor de 66.000 muertes prematuras al año en Europa.
La Organización Mundial de la Salud sitúa a España como el país europeo más afectado y el segundo del mundo, solo por detrás de Japón. Un análisis del operador turístico Altezza Travel, que evaluó 30 grandes ciudades, señala a Nueva York como la más ruidosa, seguida de Barcelona, penalizada por su intensa actividad callejera y nocturna. En España, tras la capital catalana, destacan Sevilla, Palma, Granada y Bilbao como las urbes más ruidosas, mientras que Cartagena, Zaragoza, Vigo, Valencia y Oviedo figuran entre las más tranquilas.
Llega hasta los rincones más pequeños del país
Para JcR, el ruido ya no es solo un problema urbano, también se extiende a zonas rurales, impulsado por viviendas turísticas, celebraciones y actividades recreativas. Las fiestas populares son uno de los focos más conflictivos. Una de las resoluciones más recientes procede del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, que ordenó trasladar el carnaval a un lugar donde no perjudique a los vecinos del Puerto. La sentencia obliga además al Ayuntamiento a indemnizar a los denunciantes con cerca de 600.000 euros por vulneración de derechos fundamentales debido al exceso de ruido.
Otro de los sucesos más recientes obtenidos por Juristas contra el Ruido se ha dado en Palma de Mallorca. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha dictaminado que el Ayuntamiento es responsable de la "tortura acústica" provocada por los espectáculos celebrados en la plaza de toros, un término que el tribunal utiliza de forma literal y no como una exageración. La sentencia subraya que los niveles de ruido registrados no solo superaban con creces los límites fijados por la normativa municipal, sino que lo hacían de manera continuada a lo largo de los años. No se trataba de un incidente aislado, sino de una exposición reiterada que, según el fallo, vulneraba derechos fundamentales de los vecinos.
