España ha logrado una reducción de entre el 50 y el 74 % en la caza, captura y comercio ilegal de aves desde 2020, según un nuevo informe elaborado por BirdLife International y EuroNatur, en el que se evalúa el cumplimiento del Plan Estratégico de Roma (2020–2030) para frenar estas prácticas dentro del marco del Convenio sobre Especies Migratorias (CMS/PNUMA).
El documento, titulado 'The Killing 3.0', analiza el progreso de 46 países hacia la meta de reducir en un 50 % estas prácticas para el año 2030. Solo ocho países, entre ellos España muestran avances significativos o mantienen niveles muy bajos de actividad ilegal. En contraste, el 83 % de los países evaluados no están en camino de alcanzar ese objetivo, y un preocupante 19 % ha empeorado sus cifras, como es el caso de Egipto, Siria, Chipre y Libia.
Según SEO/BirdLife, organización coautora del informe en España, esta mejora se debe a medidas legislativas y de control adoptadas en los últimos años. En especial, destaca la prohibición en 2018 de la caza de fringílidos para su enjaulamiento y participación en concursos de canto, lo que ha evitado la captura ilegal de cientos de miles de aves cada año.
También se han reforzado las acciones contra el uso de veneno, una práctica masiva y no selectiva que provoca la muerte de fauna salvaje. Desde 2010 se ha registrado una reducción sostenida en estos episodios, gracias en parte a proyectos coordinados por SEO/BirdLife, como LIFE Veneno y LIFE Guardianes de la Naturaleza, que han favorecido la cooperación entre ONG, autoridades y administraciones públicas.
Otro avance clave ha sido la creación de unidades especializadas en medio ambiente dentro de cuerpos policiales y de la Fiscalía General del Estado, así como el papel de los centros de recuperación de fauna y los equipos forenses, que han mejorado la detección e investigación de estos delitos. Todo ello ha contribuido a reducir la impunidad y generar un efecto disuasorio real.
No obstante, la organización advierte que no todo está ganado. Persisten amenazas preocupantes, como la caza legal de especies en declive, entre ellas la tórtola común o la codorniz, que provocan la pérdida anual de miles de ejemplares que deberían estar protegidos.
Además, algunas prácticas prohibidas intentan ser recuperadas o legalizadas, como el uso del Parany (caza con pegamento) en la Comunidad Valenciana o el silvestrismo, ligado a la captura de fringílidos. Otras acciones como la destrucción de nidos de aves migratorias requieren aún un trabajo intensivo de educación, sensibilización y control para evitar la desaparición de especies como las golondrinas, aviones comunes o vencejos.
SEO/BirdLife también señala una desigual implicación de las comunidades autónomas en la protección de la avifauna, con deficiencias en la inversión destinada a formación y especialización de agentes ambientales y personal de centros de fauna.
Por último, la ONG denuncia que España sigue siendo un nodo clave en el tráfico internacional de especies: tanto en la exportación de rapaces hacia Oriente Medio, como en la entrada de aves exóticas desde Latinoamérica, muchas veces a través del comercio online. Por ello, reclama reforzar el Plan TIFIES (Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres), coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
España avanza con paso firme en la lucha contra la caza y comercio ilegal de aves, pero el camino hacia la protección total de la avifauna requiere constancia, vigilancia y cooperación institucional.
