La firma del Convenio sobre Protección del Medio Ambiente a través del Derecho Penal, que tuvo lugar este miércoles en París, marca un hito en la creación de una estructura jurídica común que permita perseguir de manera más eficaz infracciones que, cada vez con mayor frecuencia, trascienden fronteras. El Consejo de Europa calificó esta decisión como "una iniciativa histórica para la protección del medioambiente mundial". Su secretario general, Alain Berset, subrayó durante el acto la urgencia de actuar de forma conjunta y determinante ante la gravedad de la situación ecológica actual. "Debemos redoblar nuestros esfuerzos colectivos para proteger el medioambiente y combatir los delitos ambientales que amenazan nuestro futuro", afirmó, invitando al resto de Estados miembros a sumarse al convenio y avanzar hacia un marco penal verdaderamente eficaz.
El por qué del tratado
El tratado nace como respuesta directa a lo que la institución denomina la "triple crisis planetaria": el cambio climático, la contaminación y la pérdida acelerada de biodiversidad. Estas tres amenazas, interrelacionadas entre sí, exigen, según el Consejo de Europa, mecanismos legales más sólidos que permitan detener actividades destructivas que hasta ahora, en demasiadas ocasiones, quedaban impunes o apenas eran perseguidas.
Uno de los elementos centrales del convenio es la creación de un marco jurídico común y contundente para combatir los delitos ambientales graves, incluyendo aquellos que pueden considerarse ecocidio. El texto define un amplio abanico de conductas delictivas que van desde la contaminación ilícita hasta la destrucción masiva de ecosistemas, y abre la puerta a que los Estados puedan juzgar actos que causen daños intencionales de enorme magnitud.
El carácter colaborativo del tratado también resulta especialmente destacable. Su elaboración ha contado no solo con la participación de los países miembros del Consejo de Europa, sino también con la contribución de la Unión Europea, la Santa Sede, Naciones Unidas, Interpol y distintas organizaciones de la sociedad civil. Esta dimensión multilateral refuerza la idea de que los delitos ambientales requieren una respuesta coordinada y global, especialmente cuando están vinculados a redes criminales transnacionales, como ya ocurre con la trata de residuos, el tráfico ilegal de especies o la explotación ilícita de recursos naturales.
La responsabilidad de las empresas
Otro de los aspectos más relevantes del convenio es la inclusión explícita de la responsabilidad corporativa. Las empresas que participen de forma directa o indirecta en prácticas que generen desastres ambientales podrán enfrentarse a sanciones más severas, un paso clave para combatir la impunidad que rodea muchas de estas actividades. Además, el tratado incorpora mecanismos de seguimiento que garantizarán su correcta aplicación y permitirán evaluar el compromiso real de los Estados firmantes.
Para que el convenio entre en vigor, se necesitan al menos diez ratificaciones, de las cuales ocho deberán proceder de países que sean miembros del Consejo de Europa. Solo entonces se podrán desplegar plenamente las herramientas legales destinadas a perseguir penalmente a quienes atenten contra el medioambiente. No obstante, el acuerdo está diseñado para abrirse más adelante a Estados no miembros, reflejando la dimensión global de los desafíos ecológicos actuales.
