Con motivo de la celebración este lunes del Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, Cristina Arjona, responsable de movilidad de Greenpeace, ha asegurado a EFE que más del 80% de la población española respira aire contaminado.
En esta jornada, el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (Pnuma) ha querido poner el foco en la ventaja económica que supone actuar de forma conjunta contra el cambio climático y la contaminación atmosférica, con el objetivo de favorecer poblaciones más sanas y una mayor prosperidad económica. La máxima autoridad ambiental global advierte de que ambos fenómenos están estrechamente relacionados, ya que los principales contaminantes influyen en el clima y, en muchos casos, comparten las mismas fuentes que los gases de efecto invernadero.
España, por encima de los límites europeos
Según explica Arjona, esta cifra del 80 % se basa en la nueva directiva europea de calidad del aire, pendiente de aprobación definitiva a finales de 2026, que sustituirá a la legislación vigente desde 2008 y que busca acercarse a los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Esta alerta coincide con las conclusiones del informe anual de calidad del aire presentado por Ecologistas en Acción el pasado mes de junio, que estimaba que cerca de 33 millones de españoles estuvieron expuestos en 2025 a niveles de contaminación superiores a los nuevos límites fijados por la Unión Europea en su Directiva 2024/2881.
El tráfico, principal responsable, pero no el único
El tráfico rodado continúa siendo el principal factor de contaminación en España, aunque no el único. Arjona señala que también sufren sus consecuencias los residentes en zonas próximas a determinados tipos de industria, a puertos donde operan cruceros o donde se realizan tareas de carga y descarga de escombros o materiales sin cubrir, así como a las inmediaciones de aeropuertos.
Los principales componentes de la contaminación, según detalla la responsable de Greenpeace, son el dióxido de nitrógeno (NO₂) y las partículas en suspensión, procedentes sobre todo del tráfico rodado y de la quema de combustibles fósiles.
Zonas de bajas emisiones con resultados desiguales
La Ley de Cambio Climático obliga a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a implantar zonas de bajas emisiones desde 2023. Arjona recuerda esta obligación, aunque advierte de que muchas de estas zonas se están creando con una efectividad cuestionable.
Según explica, en numerosos casos se está optando por peatonalizar áreas que ya eran peatonales, lo que no supone una reducción real de los límites de contaminación. No obstante, la experta destaca que en ciudades como Barcelona, Madrid o Pontevedra sí se están reduciendo los niveles de contaminación y mejorando la calidad del aire.
Las renovables, una herramienta clave
Para Greenpeace, las energías renovables representan la gran alternativa para reducir la contaminación atmosférica. Arjona subraya que España es capaz actualmente de producir cerca del 60 % de su energía a partir de fuentes renovables, lo que contribuye también a disminuir la contaminación.
La responsable de movilidad de la organización reclama que la transposición de la nueva directiva europea se lleve a cabo de forma efectiva y con un nivel de ambición superior incluso al que plantea la propia Unión Europea.
Asimismo, defiende que la mejora de la calidad del aire pasa por medidas de reducción del tráfico motorizado, la implantación de zonas de bajas emisiones realmente efectivas y un cambio del modelo urbano hacia ciudades de proximidad, en las que la mayoría de los desplazamientos se realicen de forma sostenible, mediante transporte público, bicicleta o vehículos eléctricos.
Freno a las grandes infraestructuras y medición fiable
Arjona insiste, además, en que es necesario evitar la ampliación de grandes infraestructuras como aeropuertos y puertos, y reclama que los medidores de contaminación se ubiquen en los lugares adecuados. Según denuncia, en muchas ocasiones estos aparatos se instalan en parques o en zonas abiertas con poco tráfico, lo que distorsiona los resultados y hace que las mediciones no reflejen con exactitud la calidad real del aire que respira la población.