En el escrito presentado ante el Tribunal Constitucional, se detalla que esta norma vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución; como el artículo 45, que reconoce el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, y el artículo 24.1, que garantiza la tutela judicial efectiva y prohíbe la indefensión.
La ley, que fue aprobada en abril, incluye enmiendas que permiten volver a cazar lobos al norte del río Duero, una actividad prohibida desde 2021, cuando el lobo fue incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Además, abre la puerta a la actividad cinegética en el resto del país si se modifica la normativa europea (Directiva Hábitats).
Una vuelta atrás en la protección del lobo
El regreso de la caza del lobo ibérico ha generado una fuerte controversia social y política. La medida fue impulsada por enmiendas del Partido Popular en el Senado, apoyadas en el Congreso por Vox, el PNV y Junts, con el argumento de reducir los ataques al ganado en zonas como Galicia, Asturias, Cantabria y el norte de Castilla y León, donde se concentra el 90% de la población lobera.
Según datos del último censo del Ministerio para la Transición Ecológica, España cuenta con 333 manadas de lobo ibérico, un 12% más que en 2019. Este hecho representa entre 1.600 y 1.700 ejemplares. Sin embargo, esa cifra sigue siendo inferior a la del lince ibérico y está lejos de las 500 manadas necesarias para garantizar su viabilidad genética, lo que mantiene a la especie en una situación de conservación desfavorable.
“Un fraude de ley”, según el Defensor del Pueblo
En su recurso, el Defensor del Pueblo señala que las disposiciones recurridas suponen un uso anómalo del poder legislativo y constituyen un “ejemplo de ley singular autoaplicativa”, es decir, una norma que evita deliberadamente el debate parlamentario. Además, denuncia que se ha excluido a la ciudadanía de participar en decisiones que afectan a la biodiversidad.
La medida también ha sido criticada por el Partido Animalista Pacma, que solicitó formalmente al Defensor del Pueblo que interpusiera el recurso, al considerar que el Congreso carece de competencia para excluir especies del Lespre, una potestad que corresponde al Gobierno a través del Ministerio para la Transición Ecológica.
Organizaciones y partidos exigen la suspensión inmediata de la caza
Desde Greenpeace y otras entidades ecologistas, se alerta de que la decisión supone un retroceso grave en la protección del lobo ibérico y un ataque directo al consenso científico, que defiende su papel clave en los ecosistemas.
Mercedes González, coordinadora autonómica de Podemos Cantabria, ha afirmado que “no vamos a permitir que el lobo sea el chivo expiatorio de intereses políticos y electorales”, mientras que Pablo Gómez, responsable de Mundo Rural del partido, ha calificado la maniobra legislativa como “una agresión a la biodiversidad colada en una ley que nada tenía que ver”.
Una especie clave para el equilibrio natural
El lobo ibérico no solo es un símbolo cultural y natural, sino también una especie clave para mantener el equilibrio ecológico, controlar poblaciones de herbívoros y prevenir enfermedades. Su persecución afecta a la salud de los ecosistemas y a la resiliencia del medio rural.
Desde Hazte Eco recordamos que proteger al lobo ibérico es también defender el derecho a un medio ambiente sano, reconocido en la Constitución. La vía judicial abierta por el Defensor del Pueblo podría ser un paso importante para restituir la protección que esta especie necesita.
